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¿PUEDO ACUDIR A MI ADMINISTRADOR DE FINCAS PARA SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MI COMUNIDAD?

¿PUEDO ACUDIR A MI ADMINISTRADOR DE FINCAS PARA SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MI COMUNIDAD?En España se estima que hay casi 4 millones de personas con discapacidad, según la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone el 8,5 por ciento del total de la población. Para garantizar un acceso óptimo a los casi tres millones y medio de hogares habitados por una persona discapacitada, la legislación vigente establece que los edificios de nueva construcción sean diseñados en base a criterios de accesibilidad universal, y en el caso de los edificios másantiguos, las mejoras de accesibilidad son obligatorias desde diciembre de 2017, como indica la Ley 15/1995 de límites al dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas, el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre accesibilidad y la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación y Certificación Energética de Edificios. Dicha normativa, que tiene como objetivo potenciar la integración, destruyendo las barreras arquitectónicas y creando elementos que favorezcan la libre accesibilidad para todos los individuos, determina que cualquier vecino con movilidad reducida, que padezca alguna discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir la realización de obras o reformas para la adaptación del inmueble. Sin embargo, todavía existen Comunidades de Propietarios que no han realizado las reformas necesarias para facilitar la movilidad por las zonas comunes, así como la entrada y salida de la finca, ignorando un problema silencioso y muchas veces desconocido como es el de la accesibilidad, que se podría solucionar con la simple construcción de una rampa o la instalación de un salvaescaleras.

Este tema ha sido tratado en el XXI Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF 2018), que se celebró en Madrid del 7 al 9 de junio, donde se puso en valor cómo el colectivo de Administradores de Fincas Colegiados lleva defendiendo los derechos de los discapacitados en las Comunidades de Propietarios desde que se constituyó la propia Ley de Propiedad Horizontal, y cómo esta tarea es realizada mediante el asesoramiento sobre las distintas posibilidades que tiene cualquier inmueble para suprimir las barreras arquitectónicas, para así conseguir garantizar la igualdad de sus habitantes.

Por lo tanto, cuando un propietario tiene un problema de accesibilidad a su vivienda, debe saber que puede contar con su Administrador de Fincas para solucionarlo, ya que es un profesional que conoce a la perfección las realidades de las comunidades y las leyes que las legislan. Él es el encargado de comunicar al Presidente o la Comunidad de Propietarios los derechos de los discapacitados, y la necesidad de realizar las actuaciones tanto jurídicas como funcionales para conseguir su integración plena, con los mismos derechos que los demás propietarios, así como de conseguir los presupuestos para los seguros necesarios, la accesibilidad en las mejores condiciones y las posibles subvenciones.

Debemos recordar que en el caso de la realización de obras en un edificio, la Comunidad de Propietarios será considerara promotora, asumiendo la responsabilidad de posibles daños ocasionados, ya sean propios o a terceros. Incluso el Administrador o Presidente que no hayan tomado las medidas adecuadas para el correcto sostenimiento de las reformas podrían ser considerados responsables, bien directos o indirectos. La responsabilidad civil por daños, la obligación de resarcir que surge como consecuencia del daño provocado, suele ser una cobertura básica en los Seguros Multirriesgo para Comunidades de Propietarios, pero solo con ayuda y consejo de una buena Correduría de Seguros tendremos garantizado conseguir la que mejor se adapte a las necesidades de nuestra Comunidad de Propietarios.

 

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

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LA DISCAPACIDAD PUEDE SER UNA DEPENDENCIA

DiscapacidadSegún la definición de la Organización Mundial de la Salud, Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación; Es un problema que afecta a una estructura o función corporal, es un fenómeno complejo porque tiene su origen en factores hereditarios, metabólicos, congénitos, cromosómicos, accidentales, neuromusculares, infecciosos o degenerativos. Más del 52 % de las personas con alguna discapacidad física tienen dificultades para pagar los gastos diarios de salud y necesidades relacionadas con su discapacidad.

Además sólo el 21 % de las personas que tienen una discapacidad reciben algún tipo de ayuda en España y la cuantía económica media es de 764 euros. La mayoría carecen de las necesarias adaptaciones en las viviendas. Los edificios públicos son más accesibles que los privados por las barreras arquitectónicas. El próximo 4/12/2017 cumple el plazo para que entre en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece (disposición adicional tercera, punto 1, apartado b) dicha fecha como plazo máximo exigible parade las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de todos los edificios existentes, y que sean susceptibles de ajustes razonables (las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida). Por otra parte, la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en su artículo 2, apartado 4 define lo que considera ajustes razonables, entre otros que el coste de las obras repercutido anualmente y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Sin embargo la morosidad en las Comunidades de Propietarios, causada principalmente por los bancos, impide en muchas ocasiones acometer las obras de reforma necesarias. El Ministerio de Sanidad ha previsto tres horquillas de multas:

  • Las sanciones leves oscilarán entre los 301 y los 6.000 euros (en grado mínimo), de 6.001 a 18.000 en su grado medio y de 18.001 a 30.000 euros en su grado máximo.
  • Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 30.0001 a 60.000 euros, de entre 60.001 y 78.000 euros y de 78.001 a 90.000 euros según el grado registrado, mientras que
  • Las infracciones muy graves acarrearán sanciones que oscilan entre los 90.001 y 300.000 euros y hasta los 600.000 y un millón de euros conforme aumente el grado.

La sociedad española no discrimina a los discapacitados, así lo percibe el 73 % de ellos, pero su situación económica le impide aportar soluciones prácticas. Las dificultades mayores a salvar son las aceras y pasos de peatones, que afectan a todo tipo de discapacitados. En general los medios públicos de transporte están muy poco adaptados, en especial el metro y tren, y algo adaptados los autobuses.

Más grave todavía es que más del 50 % de quienes se consideran discapacitados no tienen reconocida esta condición por parte de la Administración y por tanto no acceden a las ayudas públicas. Un 32 % de los españoles mayores de 35 años tiene una discapacidad física, las más frecuentes afectan a las extremidades inferiores y a la vista, espalda, cuello y oído.

La Administración reconoce 5 grados (Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre), a partir de una minusvalía igual o superior al 33 % del total de sus facultades (ver leyes) de discapacidad que dan acceso a unas serie de beneficios, desde subvenciones específicas, exención de impuestos y ayudas para adquisición de inmueble. Primero hay que solicitar la evaluación al órgano competente en cada Comunidad Autónoma y que el tribunal médico reconozca su existencia y grado. Después esperar a que la propia Administración libere los recursos y asigne las prestaciones. Todo éste proceso suele consumir entre dos a cuatro años según el lugar de residencia. No se cumple con el mandato constitucional de igualdad de todos los españoles.

La Dependencia tiene motivos varios, enfermedad en el 41 % de los casos, envejecimiento en el 28 % y accidentes en el 18 % de los afectados. Tres de cada diez personas tienen dificultades para tareas de limpiar, cocinar, vestirse, asearse, moverse. Algunas podrían resolverse con adaptaciones en el hogar o el edificio, pero no pueden hacerse por falta de economía o la vivienda no es de su propiedad. Un día cualquiera de una persona discapacitada precisa utilizar utensilios de aseo específicos en un 52%, ascensor 30%, rampas 29%, camas especiales 19% y pasillos amplios el 13%

A todo lo anterior hay que añadir el Real Decreto Legislativo 7/2015 que estableció el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), previendo que las Comunidades Autónomas regulasen algunos aspectos precisados de desarrollo normativo, así el 26/10/2016 en el BOCAM se publicó el Decreto 103/2016 de 24 de octubre por el que se regula el IEE en la Comunidad Autónoma de Madrid y se crea el Registro Integrado Único de Informes de Evaluación y el calendario para realizar el primer informe. Será exigible para los edificios de vivienda residencial colectiva con una antigüedad superior a 50 años desde la fecha de finalización de las obras de nueva planta o de rehabilitación con reestructuración general y a todos aquellos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para acometer obras de rehabilitación, accesibilidad universal o eficiencia energética. Están obligados por tanto los propietarios únicos (propiedad vertical), las Comunidades de Propietarios (propiedad horizontal) y las agrupaciones de Comunidades de Propietarios (Mancomunidades o Complejos). El informe contendrá como mínimo aspectos referidos al estado de conservación, condiciones básicas de accesibilidad universal y certificación de la eficiencia energética. Se tendrá que renovar cada 10 años. La primera inspección tendrá que realizarse antes del 28/06/2018 para los edificios construidos antes de 1963 y así sucesivamente.

El seguro privado aporta magníficas soluciones a la situación de discapacidad temporal o definitiva, con productos de Incapacidad Temporal, Accidentes, Dependencia  y Plan de Pensiones,  y Seguro de Vida para caso de invalidez y supervivencia.

Fuentes: Datos estadísticos publicados por OCU y la OMS.  Elaboración propia

 

 

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